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(28/10/2022)
Por TÉLAM
El
Senado de la Nación convirtió en ley, durante una sesión especial, un
proyecto que prorroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas
al sostenimiento de actividades como las de bibliotecas populares, el cine,
la música y el teatro.
La iniciativa fue aprobada por 57 votos afirmativos, dos negativos y nueve
abstenciones.
El Frente de Todos y un sector del radicalismo votaron a favor, en tanto que
los negativos fueron los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, del
PRO, mientras el resto del bloque macrista presente en el recinto se abstuvo.
El debate se llevó a cabo con la presencia del ministro de Cultura, Tristán
Bauer, y de referentes de la cultura argentina que se ubicaron en los palcos
del segundo piso del hemiciclo del Senado.
El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2072 la vigencia de las
asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4
de la ley 27.432: gravamen de emergencia a los premios de determinados
juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630; impuesto
a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los
videogramas grabados previstos en la ley 17.741; e impuesto a los servicios
de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522.
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¿Qué dice el proyecto?
De acuerdo con el proyecto, el beneficio continuará "durante la vigencia de
los impuestos respectivos, o hasta el 31 de diciembre de 2072, lo que ocurra
primero".
El beneficio servirá para financiar actividades como el cine, los servicios
de comunicación audiovisual y las bibliotecas populares.
Además, será distribuido teniendo en cuenta a las diferentes jurisdicciones
provinciales, priorizando a "las regiones geográficas de menor desarrollo
relativo en materia de producciones culturales".
La ley fue sancionada originalmente en diciembre de 2017, en el marco de la
reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri, que
estableció un límite temporal a las asignaciones específicas destinadas a
cultura y comunicación.
El límite, si no era prorrogado por el Congreso, se vencía el 31 de
diciembre de este año.
Si la norma no era sancionada, los recursos dejarían de ser de "asignación
específica" y volverían a ser recaudados por el Tesoro Nacional como cuentas
generales.
En 1994, con la Ley de Cine, se asignó el 25% de los recursos recaudados
para la producción audiovisual a través del INCAA.
En 1997, en tanto, se ampliaron las asignaciones específicas al teatro;
mientras que al sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
en 2009 se agregó la asignación específica para Radio y Televisión
Argentina, Enacom, Defensoría del Público, Fondos para la comunicación
comunitaria y para la música independiente a través del Instituto Nacional
de la Música (Inamu).
La presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista sanjuanina
Cristina López Valverde, abrió el debate diciendo que "la cultura es una
dimensión vital de la democracia".
"Debemos trabajar en aras de la democratización de la cultura y de una
cultura democrática", aseguró.
Además, habló de que la "industria cultural consolida la soberanía cultural" que
"no puede voltear ninguna guerra".
Por su parte, el radical porteño Martín Lousteau, argumentó que "nadie es
dueño de la cultura" y resaltó el movimiento económico que genera el arte.
"La cultura es 2,38 puntos del PBI, el 1,8% del total del empleo en la
Argentina. Solo los servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI", enumeró.
En cambio, la representante de PRO por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, dijo
"sí a la cultura, no a la irresponsabilidad presupuestaria" porque, según
calificó, "las asignaciones específicas serán nuevamente un zarpazo del
Ejecutivo nacional sobre los fondos coparticipables".
"Como representante de Córdoba, mi provincia no puede ceder ni un centavo
más. Los cordobeses estamos hartos de que nos pasen por encima", sentenció.
En el mismo sentido, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá argumentó que
estaba en contra de la medida, pero que "por disciplina partidaria" iba a
votar a favor.
"El cien por cien de este impuesto es una asignación específica. Esto va en
la dirección contraria de lo que nos impone la Constitución Nacional que
dice que todos los impuestos son coparticipables", sentenció Rodríguez Saá,
y criticó: "No podemos hacer esta asignación específica por 50 años porque
es un atropello".
La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti aseguró que "desde
diferentes bancadas pedimos el compromiso del Ejecutivo Nacional para que se
comprometa a que en la reglamentación haya un piso del 30% de los recursos
para que sea distribuido entre las provincias".
"Esto será así, hasta tanto nosotros saquemos la nueva ley que estamos
trabajando entre todos", precisó.
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